Daño directo: Graves atropellos a derechos humanos cometidos contra personas especialmente vulnerables

En la última semana el país ha presenciado dos hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas especialmente vulnerables por su situación de pobreza y discapacidad mental.

“Las manos de las protesta”, de Oswaldo Guayasamin.

El primero de ello ocurrió la noche del pasado martes 2 de mayo en Aysén, en circunstancias en que el servicio de urgencias del hospital de dicha ciudad negó atención médica a un hombre en situación de calle que presentaba síntomas de hipotermia, el cual fue trasladado a ese centro asistencial por Carabineros de Chile, quienes ante la negativa de los funcionarios, recurrieron ante un tribunal para solicitar una orden de internación preventiva y debieron solicitar la comparecencia de autoridades de la Gobernación Provincial.

Sin embargo, ambas gestiones fueron inútiles y debieron trasladar a la persona a otro recinto asistencial (Coyhaique) ante la expresa denegación de auxilio por parte de los funcionarios y del servicio.

El otro hecho se dio a conocer este viernes 5 de mayo, cuando se denunció el trato cruel y degradante al que fueron sometidos tres personas con discapacidad mental de 17, 23 y 33 años, por parte del equipo profesional a cargo del Centro Alihuen de Buin, perteneciente a la Fundación COANIL y por el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo y un recurso de amparo relevando la gravedad de lo ocurrido.

Ambos hechos se suman a una larga y vergonzosa lista de atropellos a la dignidad de personas que deberían ser objeto de resguardos y garantías irrestrictas. Solo cabe mencionar el lapidario informe presentado por SENAME en 2016 respecto de las muertes y otros atentados contra niños, niñas y adolescentes bajo su protección, y el reporte del mismo año  de  la Corte de Apelaciones de Santiago respecto a la situación en las cárceles de la Región Metropolitana.

¿Quién ha fallado?

La Constitución Política garantiza a cada uno de los habitantes de nuestro país el derecho a la vida y a la integridad, física y psíquica; y corresponde al Estado asegurar este derecho. Y aún más, los diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por Chile no hacen sino reforzar dicha obligación.

Sin duda se perseguirán, administrativa o judicialmente, las correspondientes responsabilidades. Pero ello no puede soslayar la responsabilidad política de las autoridades competentes encargadas de velar por el fiel y eficiente cumplimiento de dichas obligaciones.

El Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, bajo cuya subordinación y dependencia se encuentran los establecimientos involucrados, deben emprender una investigación acuciosa en relación a las conductas denunciadas.

Pero también abre la interrogante sobre el trato que en nuestro país damos a los más pobres y vulnerables de nuestra comunidad. ¿Quién asegura un trato digno y oportuno? ¿Quién fiscaliza y como se  sanciona la infracción a dicho deber? ¿Le cabe a las organizaciones de la sociedad civil que abordan estas problemáticas alguna responsabilidad por estos hechos?

Un primer problema que me interesa dejar planteado es la seguridad y calidad en los servicios prestados por quienes ejecutamos programas sociales mediante transferencias de recursos (vía licitación u otras modalidades de asignación) de parte del Estado hacia privados, por más que se nos imponga un límite respecto del lucro en nuestras actividades y actos de transparencia activa como balance y memoria anual de las acciones realizadas.

La privatización de estos servicios cobra mayor importancia cuando los beneficiarios son personas con discapacidad (mental en particular), adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, migrantes o personas en situación de calle; para quienes cada prestación redunda en una mayor o menor calidad de vida. Calidad de vida, no menos.

El Estado no puede excusarse de proveer, fiscalizar y asegurar calidad en los servicios sociales, aunque deposite su gestión en particulares. Y si el fundamento para que el Estado lleve a cabo el desplazamiento de la gestión de los recursos y la delegación de la implementación de los servicios, tiene como criterio una supuesta mayor rentabilidad y eficacia por parte de los privados, esto no hace sino aumentar el estándar con que se reprueban y reprochanlos actos que menoscaban y lesionan la integridad de personas y grupos altamente vulnerables.

No es nuevo el silencio que se instala sobre estos acontecimientos. Lo hemos constatado en un sinnúmero de oportunidades en los que se han producido hechos como estos en otros hospitales, hogares para adultos mayores, en hogares protegidos para personas con discapacidad mental y en las cárceles de muestro país. Por ello no podemos callar. No podemos cubrir ni encubrir esta violencia. No es esporádica ni aislada.

Es el resultado de una política que fomenta y aprueba el desplazamiento del deber político y social de satisfacer y tutelar garantías y derechos esenciales para las personas. Es la lógica de un Estado que delega, cada vez más y a partir de una misma matriz, hacia los particulares, sus propias y naturales obligaciones de garante. Pero la privatización de servicios y derechos sociales trae consigo consecuencias más nefastas y graves que las que acarrea la privatización de otras áreas como la economía (lo que por cierto y advierto, no me parece tan claro).

Lamentablemente estos hechos volverán a ocurrir y volverá a ocultarse que tras estos se esconde una lógica de privatización de los recursos y obligaciones de la Administración pública, que inunda las más diversas áreas de la vida: educación, seguridad social, vivienda, salud; y que tensionan y deslegitiman el Estado de Derecho y su rostro sustancial: el sistema democrático.

 

2 comentarios

  • Rosa Bozo

    privatización y leyes que protegen los derechos humanos son hace mucho tiempo letra muerta.

  • Anónimo

    Aqui hay un tema con los protocolos especialmente los que son de responsabilidad del psiquiatra a cargo. Majaderamente hay mucho por hacer.

Deja un comentario