Declaración de la Sociedad Civil – Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Hoy, que conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, instaurado por Naciones Unidas, las instituciones de la sociedad civil que día a día trabajamos por superar este grave problema social, queremos manifestar nuestra opinión e inquietud sobre temas que consideramos claves para que nuestro país logre avanzar hacia un desarrollo equitativo.

Este año ha estado marcado por una crisis de profunda desconfianza hacia las instituciones: respecto de quienes toman las decisiones sobre el rumbo de país y en la inquietud sobre la factibilidad de llevar adelante transformaciones estructurales en pos de un país más justo. Las esperanzas de muchos se han visto desdibujadas por intereses particulares y por una evidente debilidad en los diseños de política pública. La implementación de políticas con Enfoque de Derechos, procesos que necesariamente requerían convicción y excelencia, transparencia y voluntad política, no han seguido derroteros claros y bien delineados.

En este contexto, hay temas que para nosotros marcan la reflexión conjunta en este 17 de octubre:

Chile sortea, por el momento, la crisis global.

La economía global atraviesa por un momento difícil. El Fondo Monetario Internacional, FMI, rebajó sus previsiones de crecimiento a nivel mundial. Se calcula que el próximo año América Latina, sólo se expandirá un 0,8%. Y en el caso de Chile, el FMI presupone un crecimiento de un 2,5% para 2016.

En América Latina la reducción de la pobreza y la indigencia se ha estancado desde el 2014, en un contexto de desaceleración económica en la región, según la Cepal.

Pese a todo, incluso en un bienio en el que hemos debido enfrentar diversos desastres naturales y sociales, Chile está sorteando la ralentización de la economía regional y global. El empleo se mantiene aún en buen nivel: la tasa de desempleo en el último trimestre alcanzó al 6,5%. Sin embargo, a pesar de no contar con datos oficiales de vulnerabilidad, sabemos que al menos cinco millones de personas viven episodios constantes de entrada y salida de pobreza, medida por ingresos.

Es por ello que, en un año de restricción económica, solicitamos a las autoridades que presupuestariamente, las decisiones, la práctica y los proyectos de ley no queden sujetos solo a la “disponibilidad de recursos” en aquellas políticas que son sensibles al bienestar de las familias más vulnerables.

Es urgente una Política de Superación de Pobreza para Chile: integral, descentralizada y participativa.

Reiteramos nuestro llamado de años, para elaborar una Política de Superación de Pobreza para Chile, cuyo pilar sea el enfoque de derechos básicos garantizados y progresivos, que aseguren un piso mínimo de oportunidades que permita el desarrollo de las capacidades de todos.

Una nueva política de superación de pobreza exige también, una revisión profunda y extensiva de los programas y servicios que trabajan con población en pobreza, así como las estrategias y modos de focalización social.

El Gobierno ha señalado que a partir de enero de 2016 comenzará a aplicar un nuevo sistema para asignar beneficios sociales. Este, introducirá algunos cambios sustanciales a lo que conocemos como Ficha de Protección Social. Sin duda, migrar desde el auto reporte de los hogares a una información proveniente de registros administrativos y que sea verificable, resulta muy relevante a la hora de terminar, al menos en parte, con el estrés y la indignidad de demostrar miseria para obtener alguna ayuda estatal. Nos parece importante también rescatar del diseño, la posibilidad de un tiempo de revisión, donde las familias puedan plantear sus inquietudes y corregir los antecedentes que en definitiva entregan una clasificación socio económica.

Para nosotros quedan todavía pendientes algunas preguntas y desafíos; por ello, la pretensión de entregar mayor justicia a través de un instrumento de selección no puede analizarse en solitario: debe formar parte de un plan de superación de pobreza que hoy exigimos.

Asimismo, es prioritario que esta política se base en una acción integral, descentralizada y participativa. En una sociedad fragmentada y en crisis de confianza como la nuestra, solo con participación podemos pedir co- responsabilidad y podemos establecer políticas de corte promocional y no asistencial. Por ello, para nosotros la participación ciudadana es un requisito sine qua non de la superación de la pobreza. Las experiencias exitosas en este sentido nos muestran una y otra vez, que movilizar recursos de la propia comunidad en un marco de procesos participativos, logran cambios permanentes en el bienestar de las personas.

Por ello, manifestamos con urgencia nuestra preocupación por las serias deficiencias normativas, presupuestarias e institucionales de la Ley 20.500 sobre participación ciudadana. No existen dos opiniones sobre la debilidad que ha tenido la aplicación de esta norma. La institucionalidad no funciona adecuadamente, presentando graves inconvenientes en materia de registro como de catastro de las organizaciones sociales, no existen suficientes fondos para fortalecerlas, y las normas sobre voluntariado no tienen contenido, entre otros serios vacíos. Todo ello perjudica y desincentiva la participación ciudadana.

La medición de la pobreza aún está incompleta.

Saludamos la actualización de la metodología de medición de la línea de la pobreza por ingresos, así como la estimación de pobreza multidimensional, donde la sociedad civil jugó un rol relevante. Así, fue posible introducir este significativo cambio en la forma de medir y entender la pobreza en el Chile actual. Las cifras nos hablan con mayor precisión de un país más frágil del que suponíamos. La pobreza multidimensional nos dice que uno de cada cinco chilenos carece de las oportunidades para lograr su bienestar.

Adicionalmente, es necesario señalar que los indicadores de pobreza multidimensional sobre calidad de la educación recibida y los que evalúan el entorno y redes en los que viven las personas en situación de pobreza, no están presentes en la medición actual. Sin estos indicadores en el análisis, la evaluación es aún parcial. Valoramos que al menos la dimensión Entorno y Redes será incorporada este año.

No obstante, lo importante no es tener nuevas cifras, lo relevante es que la realidad que nos muestran, esté a la base de las medidas integrales que el país requiere con urgencia, para superar el flagelo de la pobreza. En esta materia, existen vacíos. Es cierto que se han creado los sistemas de protección social, pero estos no han sido capaces de coordinar y articular la acción sectorial que el Estado realiza en vivienda, salud, educación, trabajo, participación e ingresos. Pese a haber creado los subsistemas Chile Solidario, Seguridades y Oportunidades, y Chile Crece Contigo, la política orientada a los ciudadanos afectados por la pobreza sigue presentándose muy compartimentalizada, segmentada, sin lógica territorial ni comunitaria, afectando particularmente a la infancia, adultos mayores, población migrante y con discapacidad.

Tampoco contamos con una nueva institucionalidad. Todavía el país espera una respuesta respecto a la imprescindible modernización del INE, y una reglamentación en materia de medición de pobreza. Siguen descontinuados los estudios PANEL de la CASEN y no existe una agenda de estudios oficiales de corte cualitativo que aborden las dimensiones subjetivas y relacionales de la pobreza.

Mientras la medición no incorpore los factores antes mencionados y no contemos con una nueva institucionalidad para medir la pobreza en Chile, nuestras mediciones seguirán incompletas.

Tenemos un gigantesco desafío por delante. Chile ha logrado mucho en materia social, pero puede y debe hacer más, ya sea reforzando los cambios que se pretenden introducir, ya sea incluyendo otros nuevos y sustantivos, abarcando desde la arquitectura de las políticas hasta cambios culturales y valóricos, que sustenten un nuevo acuerdo de convivencia social, promocional y duradero. En esa tarea se requiere de todos: de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos día a día en contribuir a la construcción de un país sin pobreza, más justo e igualitario y, especialmente, de los propios afectados por la pobreza y la exclusión.