Gente de la Calle contribuye con orientación legal a familiares de pacientes psiquiátricos imputados

Por medio de su Programa Socio-Jurídico, la Fundación Gente de la Calle realizó nuevamente reuniones educativas en el Instituto Psiquiátrico Horwitz Barak. Se revisaron allí las garantías jurídicas, atribuciones y procedimientos que emprenden los familiares (como curadores ad lítem) durante el proceso penal.

Las jornadas fueron desarrolladas el martes 19 y el jueves 21 de junio en la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI) del Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak, en la comuna de Recoleta. Éstas hacen parte de un historial de colaboraciones entre la Fundación,  Defensoría Penal Pública y el Área Social de la unidad de salud mencionada.

Una de las preocupaciones centrales de las instituciones presentes es apoyar el acompañamiento familiar de personas imputadas con problemas de salud mental, quienes se encuentran o se han encontrado en especial situación de vulneración de derechos en lo que a salud y justicia refiere.

Lo “socio” de Socio-Jurídico

En la oportunidad, se desmenuzó el procedimiento que permite a los familiares (designados como curadores ad litem) supervisar e incidir en el proceso de defensa jurídica de sus parientes afectados por problemas de salud mental.

La importancia de esto, según Javiera Lagos, nueva coordinadora del Programa Socio-Jurídico, “es que son los curadores ad litem los encargados de velar por que los derechos de las personas imputadas sean respetados, con especial énfasis en la parte humana o social”, mencionó.

Y agregó que “el curador tiene incluso la facultad de solicitarle una audiencia al juez si es que existe alguna vulneración respecto a la persona que esté siendo imputada. Entonces, es un cargo súper importante”. Aclaró, en ese sentido, que “el estar con algún tipo de problema de salud mental no disminuye, en absoluto, sus derechos frente a la facultad que tiene el Estado de sancionar”.

El contexto de las charlas en la UEPI

Como relató Ignacio Arias, trabajador social de la Unidad de Evaluación de Personas Imputada UEPI, ésta área se encarga también de ofrecer acompañamiento a familiares, generalmente en temas ligados a la salud como talleres en relación a los medicamentos que toman las personas, orientaciones respecto al acompañamiento familiar, entre otras cosas, pero no de temas con especificidad legal. En ese sentido, se apoyan en el Programa Socio-Jurídico de la Fundación.

Según Francisco Lagos, encargado de Redes Institucionales de la Fundación Gente de la Calle, hay elementos que causan confusiones y además gran ansiedad en los entornos familiares durante el proceso de defensa penal, debilitándose así el acompañamiento familiar. Entre esos se encuentran:

  1. El rol – de gran responsabilidad- que implica ser curador ad litem;
  2. La naturaleza del proceso que se sigue con sus familiares en cuanto a derechos y responsabilidades legales;
  3. Y la dualidad de estar entre un estado hospitalario pero sujeto a la vigilancia de gendarmería.

“Por tanto -continuó Francisco- lo que nosotros hemos estado haciendo con las familias de la UEPI es entregar esa información con la que no contaban, facilitando, desde un punto de vista técnico, el trabajo del servicio social de la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas”.

“En mi experiencia esto me ayudó mucho. A mí y a mi esposo (…) La primera vez que se hizo me ayudó porque ahí entendí que mi hijo no puede ser condenado, que él – por su condición mental- es inimputable”, relató Luisa, madre de un joven con esquizofrenia actualmente imputado, que luego de diversos trámites, está logrando su condición de inimputable y proyecta su tratamiento de salud mental.

Hacia miradas más profundas

Según Javiera Lagos, “la instancia penal o el procedimiento especializado en medidas de seguridad -internación provisional, entre otros- viene a suplir muchas veces las falencias en la salud pública en cuando a la salud mental”.

Esto refiere a que “las personas hoy imputadas y sus familiares generalmente no han tenido una primera respuesta en la atención primaria de salud (APS) para tratar y evitar, en este caso, conductas de riesgo para sí o para con los otros, y es por eso que las personas terminan llegando a una instancia penal para resolver un problema que es sanitario”, concluyó Javiera.

Asimismo, tanto Javiera Lagos como Ignacio Arias de UEPI, coinciden en que en Chile no hay una cultura de entendimiento acerca de las enfermedades de salud mental.

“Sigue siendo un tabú que una persona tenga esquizofrenia o algún tipo de condición mental (…) entonces, por eso la gente no lo habla y no busca ayuda, o bien, hay una respuesta tardía (de las instituciones de salud) también por la falta de recursos con los que se cuenta. Hay muy pocos COSAM (Centros Comunitarios de Salud Mental), también hay muy pocas camas en lugares como Instituto Psiquiátrico, situación que por años se ha venido evidenciado”, declaró.

En ese sentido el trabajor social de la UEPI cree importante que “la gente pueda conocer lo que es realmente un paciente psiquiátrico, que existen patologías y que existen también derechos que aluden a la condición en que ellos se encuentran.

Finalmente, la significativa instancia permitió que abuelas, madres y hermanas presentes en la reunión identificaran de mejor manera los antecedentes de sus casos. Con ello, supervisar la correcta aplicación o exigencia de los derechos que les corresponden, y también para efectos de acompañamiento y contención mutua.

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