Declaración Pública de la Fundación Gente de la Calle sobre el Registro Social Calle

Con fecha 30 de agosto del presente año, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, comunicó las cifras preliminares del Registro Social Calle. Este es el primer balance sobre el estado de las personas en situacion de calle desde el Catastro Calle del año 2011, y la primera medición de este tipo desde que se implemento el sistema de estratificación socio-económica denominado Registro Social de Hogares.

En este sentido, el Registro Social Calle señala que, entre agosto del 2016 y agosto del 2017, se documentó la existencia de 10.610 personas en situación de calle.

Frente a los resultados, inferencias y estimaciones de dicho Registro y de nuestra propia institución, la Fundación Gente de la Calle declara:

1. Nos parece que el Registro Social Calle no es un instrumento diseñado para realizar un levantamiento y proporcionar datos homologables a un catastro especializado sobre las personas en situación de calle.
   
   Existen tanto a nivel nacional como en las particularidades de regiones, perfiles de sujetos en calle y complejidades de los mismos, por lo que resulta inadecuado realizar estimaciones que tengan representatividad y validez en sus generalizaciones sobre la población analizada.
   
   Además, es importante recordar que este Registro tiene como propósito fundamental facilitar el acceso a la red de protección del Estado, a través de la clasificación y posicionamiento de las personas en un rango de vulnerabilidad.  No obstante, esta facilitación no garantiza la adherencia e inclusión de las personas en calle a un Sistema de Protección Social.
2. Reconocemos que el instrumento Registro Social de Hogares da cuenta de información de antecedentes desde datos administrativos y autorreportados, asociados a procesos verificables y probatorios que constituyen el eje de las acciones que de este deriven.
   
   Por el contrario, el Registro Social Calle no cumpliría con tal finalidad, restringiéndose únicamente a la instancia declarativa, lo que conlleva un natural sesgo sobre la constatación de hechos, incidiendo en procesos de diseño y toma de decisiones frente a las intervenciones requeridas de naturaleza compleja, propias del trabajo en la temática de situación de calle.
3. Por ello, creemos que  las cifras entregadas desde el Ministerio tienen un sesgo que les resta rigor metodológico en el levantamiento y construcción de los datos.
   
   Por consiguiente, no es posible manejar una cifra que exprese un dato real y actualizado de las personas en situación de calle en Chile. Este Registro tampoco permite hacer estimaciones y/o descripciones sobre los casos asociados a personas o grupos especialmente vulnerables (adultos mayores, niños/as, y personas con problemas de salud mental) que viven en calle, o de las distintas complejidades transversales presentes en la realidad calle (población inmigrante y LGTB, adicciones, reinserción postpenitenciaria, entre otras).
4. En un ejercicio de evaluación de impacto, levantado también de manera preliminar y considerando como indicadores tanto el tiempo de permanencia en calle (7,1 años) como el lugar donde durmió la última noche (46% lo hizo en algún punto en calle), podríamos concluir y determinar que en los últimos 5 años la oferta pública para personas en situación de calle ha sido escasamente relevante.
   
   Por tanto, estamos frente a una política pública circunscrita a administrar la problemática más que a garantizar un Servicio de Protección Social que propicie un abordaje, una transformación y una superación de la situación de calle.
5. De esta forma, exigimos la creación de una Política Nacional, cuyas bases se encuadren en un Enfoque de  Derechos Humanos, cuyo horizonte próximo sea el generar entornos protectores y atender las  diversas complejidades que constituyen la temática calle.
   
   En este sentido, y en base al requerimiento ético de un Estado democratico, debemos evitar que la calle sea el hogar de cualquier ciudadano, respecto de los cuales la Constitución Politica obliga al Estado chileno a proporcionarle garantias fundamentales, reconocidas en la Carta Fundamental y en el conjunto de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran en plena vigencia. 

La calle no es un lugar para vivir.

#QueLaCalleNoCalle

Santiago, 4 de septiembre del 2017