Nota explicativa: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 2018

“Unirse con los más excluidos para construir un mundo donde los derechos humanos y la dignidad sean universalmente respetados”. Ese es el llamado para este 17 de octubre, Día Internacional de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza.

Este año, cuando celebramos el 70º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[1], es importante recordar el vínculo fundamental entre la extrema pobreza y los derechos humanos, y el hecho de que las personas que viven en situación de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada por numerosas violaciones de los derechos humanos.

Joseph Wresinski fue una de las primeras personas que puso en evidencia el vínculo directo entre los derechos humanos y la extrema pobreza. En febrero de 1987, pidió a la Comisión de Derechos Humanos que examinase la cuestión de la extrema pobreza y de los derechos humanos y puso de manifiesto de forma magistral el vínculo entre ambos. “Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado”. Mediante estas palabras, Joseph Wresinski subrayó que, para poner fin a la extrema pobreza, se deben aplicar unas leyes nacionales e internacionales fuertes y ambiciosas que tengan en cuenta los derechos humanos, y subrayó la obligación moral de la sociedad y de su ciudadanía para garantizar y respetar los derechos humanos de las personas que viven en situación de pobreza.

El hecho de reconocer la persistencia de la extrema pobreza en la sociedad como una violación de los derechos humanos genera un cambio de paradigma en el modo en que la sociedad entiende y trata la pobreza. De este modo, se centra la atención sobre la exclusión social dominante, la discriminación y las agresiones cotidianas contra la dignidad humana que acompañan a la pobreza y se subraya la necesidad de desmantelar los sistemas de discriminación que perpetúan los ciclos de pobreza en los diferentes contextos culturales. Esto nos obliga a mirar más allá del simple hecho de proporcionar un ingreso adecuado a las personas pobres y nos lleva a poner el acento en la dignidad, las capacidades, la elección, la seguridad y el poder que cada persona necesita para poder disfrutar de sus derechos fundamentales, tanto civiles, como culturales, económicos, políticos y sociales.

Este tipo de enfoque debería conducir a respuestas más adecuadas y eficaces que no vulneren los derechos humanos en la búsqueda del crecimiento económico y del desarrollo. Sin embargo, las personas que viven en situación de extrema pobreza y, en especial, las más excluidas, pueden ser desatendidas u olvidadas por políticos, gobernantes y proveedores de servicios debido a prejuicios, iniciativas de exclusión social, actitudes discriminatorias y a su falta de influencia política, económica y social. En estas situaciones, y como consecuencia directa de una política inadecuada o de la incapacidad de los Gobiernos de actuar de forma oportuna y decisiva, los derechos humanos continúan siendo despreciados. Además, las personas más excluidas pueden desanimarse a la hora de afirmar o de ejercer sus derechos, por temor a represalias o a otras consecuencias nefastas causadas por las personas que detentan el poder y la autoridad.

Ante la desesperación implacable de la pobreza o la dolorosa violencia de los conflictos, las personas pueden encontrarse sin techo y verse obligadas a desplazarse constantemente, o forzadas a emigrar o a cambiar de país en busca de refugio contra la violencia o en busca de una vida mejor. Por desgracia, muchas personas migrantes y refugiadas a menudo se ven confrontadas a problemas desalentadores durante el tránsito, así como a la discriminación, a la exclusión social y a violaciones de los derechos humanos en su país de destino.

Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos[2] constituyen una importante herramienta en la lucha contra la extrema pobreza, ya que ofrecen las primeras directrices mundiales basadas específicamente en los derechos humanos de las personas en situación de pobreza. Estas directivas están destinadas a su uso por parte de Gobiernos para garantizar que las políticas públicas, entre ellas los esfuerzos para la erradicación de la pobreza, alcanzan a los miembros de la sociedad que viven en situación de pobreza, respetan y defienden sus derechos y luchan contra los obstáculos sociales, culturales, económicos y estructurales que impiden el disfrute de los mismos. Una de las recomendaciones de estas directivas es la creación de sistemas de protección social, con la instauración de niveles mínimos de protección social, que pueden promover el desarrollo inclusivo y velar por que no se deje a nadie atrás.

Sin embargo, las políticas gubernamentales no pueden crear por sí mismas la inclusión social que resulta fundamental para alcanzar a quienes se quedan atrás y para poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Cada año, la conmemoración del 17 de octubre, donde personas en situación de pobreza toman la palabra y comparten sus experiencias, muestra cómo podemos alcanzar una mayor inclusión social al permitir que personas de procedencias diversas se reúnan para respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas en situación de pobreza. Esta conmemoración destaca la importancia de alcanzar a las personas en situación de pobreza y de construir una alianza en torno a sus prioridades con ciudadanos y ciudadanas de toda procedencia para poner fin a la extrema pobreza. Reconoce la importancia de los papeles que cada cual desempeña en el marco de nuestras relaciones mutuas, basados en nuestra dignidad igual y común.

La persistencia de la pobreza, incluso de la extrema pobreza, es una preocupación principal para las Naciones Unidas y, durante su 72º periodo de sesiones, la Asamblea General lanzó el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza (2018-2027) cuyo tema es: “Acelerar las acciones mundiales para un mundo sin pobreza”. Es importante que el plan de acción interinstitucional a nivel del conjunto del dispositivo para el Tercer Decenio, previsto para coordinar los esfuerzos de erradicación de la pobreza del sistema de las Naciones Unidas, incluya una colaboración eficaz con personas en situación de pobreza.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza puede completar en gran medida estas iniciativas, ya que su objetivo es lograr que la participación activa de las personas en situación de pobreza sea el motor de todos los esfuerzos realizados para poner fin a la pobreza, sobre todo en la concepción y la aplicación de los programas y las políticas que les afectan. Únicamente si creamos y mantenemos una verdadera colaboración con las personas en situación de pobreza será posible construir un mundo incluyente donde todas las personas podrán disfrutar plenamente de sus derechos humanos y llevar una vida digna.

Celebrado desde 1987 como el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza Extrema y reconocido por las Naciones Unidas en 1992, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza promueve el diálogo y la comprensión entre las personas que viven en situación de pobreza y sus comunidades, así como con la sociedad en general. “Constituye una oportunidad para reconocer los esfuerzos y la lucha de las personas que viven en la pobreza y para que estas hagan oír sus preocupaciones, así como para reconocer que los pobres se encuentran en la vanguardia de la lucha contra la pobreza”. (Naciones Unidas, Informe del Secretario General, A/61/308, párr. 58)

 

 

 

1 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 217A, de 10 de diciembre de 1948.
2 El Consejo de Derechos Humanos adoptó por consenso los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos en su resolución 21/11 en
septiembre.

 

Comite Internacional 17 de Octubre
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Fuente: Portal de la Organización de Naciones Unidas.

Nota: Las opiniones expresadas en el presente documento no representan necesariamente las de la Organización de las Naciones Unidas o de sus Estados miembros.