Personas en situacion de calle y Derechos Humanos

Les presentamos una aproximación a la realidad de las personas en situación de calle mencionada en el Informe Anual 2015 de la Situación de los Derechos Humanos en Chile.

 

Aun cuando Chile ha logrado disminuir significativamente la incidencia de la pobreza e indigencia en la población, persiste un núcleo duro de personas que experimentan condiciones de especial fragilidad y precariedad.

Las personas en situación de calle, entendidas como aquellas que “carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares, públicos o privados, que no tienen las características básicas de una vivienda aunque cumplan esa función (no incluye campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle reciben alojamiento temporal o por períodos significativos, provisto por instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014, Pág. 47), son parte de este segmento.

A la fecha se han desarrollado dos catastros nacionales de personas en situación de calle, uno en 2005 y otro en 2012. El Segundo Catastro detectó a 12.255 personas en situación de calle a nivel nacional, 5.001 más que en su primera versión. De este total, 84% son hombres, los que tienen mayor presencia en las regiones del Maule, Los Lagos y Atacama. En promedio, las personas en situación de calle tienen 44 años de edad y llevan 5,8 años en dicho contexto. Entre las causas de índole biográfica que provocan la situación de calle se encuentran las trayectorias laborales accidentadas, las rupturas familiares, el consumo problemático de drogas y alcohol. Además se constata que 56.4% de las personas catastradas presenta algún tipo de discapacidad y 49% señala requerir medicamentos especializados para alguna afección, datos que en su conjunto muestran la fragilidad de esta población en materia de salud (Ministerio de Desarrollo Social, 2012).

Para hacer frente a estas y otras dificultades, como el maltrato, la discriminación y la exclusión social que padecen, el Ministerio de Desarrollo Social ha reconocido a las personas en situación de calle como un grupo prioritario para su acción. En pos de ello, creo en 2011 la Oficina Nacional de Calle y en 2014 presentó la Política Nacional de Calle, cuyo objetivo es “contribuir a la inclusión social de las personas en situación de calle, revirtiendo los prejuicios y conductas discriminatorias hacia este grupo de la población, y reconociendo sus derechos y aptitudes para superar la situación de calle, mediante el despliegue de estrategias, acciones y compromisos intersectoriales que viven o podrían llegar a vivir en situación de calle” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014b, pág. 18). Para materializarse, la Política Nacional se articula en cuatro ejes: a) conocer la situación de calle, b) prevenir la situación de calle, c) proteger a las personas en situación de calle, y d) promover la superación de la situación de calle.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Social 2014, actualmente –y tras una reorganización de las iniciativas estatales– la oferta pública específica en favor de las personas en situación de calle se compone de dos programas:

  • Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle: iniciado en el marco de Chile Solidario, se orienta a que las personas en situación de calle mejoren sus condiciones psicosociales o superen la situación de calle, mediante el despliegue de alternativas de seguridad y protección, y el desarrollo de capacidades psicosociales y sociolaborales que les permitan su inclusión social. En 2014 tuvo una cobertura de 2.200 personas y un financiamiento por M$ 3.729.424.
  • Programa Noche Digna, compuesto por las siguientes iniciativas:
  • Plan de Invierno: cuyo objetivo es brindar protección a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestro país en la época de bajas temperaturas, de modo de prevenir los deterioros graves en su salud, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan.
  • Centros Temporales para la Superación: orientado a entregar alojamiento temporal y servicios básicos para personas en situación de calle, que complementen la oferta instalada para esta población.
  • El 2014, el Programa Noche Digna contó con un presupuesto de M$ 5.315.314 y una cobertura de 8.390 personas (Ministerio de Desarrollo Social, 2014a).

Para Francisco Javier Román, Director Ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle, organización que integra la Red de Trabajo con Personas en Situación de Calle (Red Calle), entre los problemas que se detectan en el abordaje que realiza el Estado respecto de esta población, uno de base es la conceptualización que se realiza de las personas en situación de calle. Al respecto, señala que “el concepto pone como el componente más relevante la falta de techo, como si ese fuese el problema de ese colectivo. Entiendo que eso es para sintonizar con los conceptos que se usan internacionalmente, pasar a hablar de los ‘sin techo’ y no usar etiquetas que incitan la discriminación, pero hablar de ‘personas en situación de calle’ esconde la diversidad y unifica, siendo que en su interior tiene realidades muy específicas, cada una con sus propias complejidades y necesidades, que requieren atenciones especiales y diversificadas. Hay casi 1.000 niños en situación de calle, alrededor de 2.000 pacientes psiquiátricos y un poco más de 2.000 adultos mayores, todos ellos no pueden ser tratados de la misma forma. Por ello, nosotros hemos planteado que la definición de ‘situación de calle’ debiese ser por negación, es decir, incluir sólo a los mayores de 18 años y menores de 60 que no tengan discapacidad. Seguir hablando de la generalidad de personas en situación de calle creo que aporta poco”.

En sintonía con esto, un estudio desarrollado por profesionales ligados a Hogar de Cristo y SENAMA plantea que “En Chile, tanto el gobierno como las ONG han utilizado el término ‘situación de calle’ para referirse a la condición de esta población, entendiéndola como carencia de ‘hogar’, que correspondería a la falta de una casa donde resguardarse, sumado a la ausencia de una familia. El estar en ‘situación de calle’, evidencia una circunstancia social, más que una categoría o condición individual.

Probablemente la concepción que mejor engloba esta idea no es la tradicional de pobreza, entendida como un conjunto de carencias, sino la de exclusión social que refiere al proceso de desvinculación o quiebre (paulatino) de los vínculos afectivos (familia, amigos, etc.) y vínculos institucionales (escuela, trabajo, redes de apoyo, etc.)” (Ossa & Lowick-Russell, 2005, pág. 3).

Para CalleLink, movimiento liderado por Benito Baranda, “la situación de calle se puede entender como un síntoma. Nos muestra las grietas de aquello que hemos construido y aparece como el resultado de múltiples mecanismos de segregación y exclusión. Si los problemas familiares aparecen como la principal causa de la situación de calle probablemente debamos revisar el funcionamiento de nuestras instituciones, ya que fallan a la hora de prevenir rupturas y contener los efectos de diversos traumas. Esto quiere decir que el límite entre las causas biográficas (historias personales y familiares) y las causas estructurales (los problemas y vacíos institucionales) no es claro y de esto implica que un elemento pueda ser al mismo tiempo causa de llegada a la situación de calle, explicación de la permanencia en ella o un efecto de la misma. El desconocimiento y la invisibilización de la situación de calle dan origen a una serie de prejuicios y desconfianzas que dificultan la superación y repercuten en el bienestar, la calidad y la esperanza de vida de toda la población. En este contexto, la situación de calle representa un desafío, tanto para las políticas de Estado como para las acciones de la Sociedad civil y de la ciudadanía en su conjunto” (CalleLink, 2014).

Respecto de los planes y programas estatales orientados a las personas en situación de calle, el Director Ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle manifestó al INDH que “para efecto de la política pública, más que ser sujetos de las acciones de una Oficina de Calle, cada segmento debiese ser sujeto de preocupación de la entidad que corresponde: los niños en situación de calle debieran ser atendidos por SENAME, los pacientes psiquiátricos por SENADIS y los adultos mayores por SENAMA. Este intento por agruparlos todos a partir de la precariedad de su techo, por un lado, los aleja de su grupo de referencia y, por otro, diluye la responsabilidad que el Estado tiene a través de sus organismos especializados”. A esto agrega: “si bien hay un avance que se ha dado en poco tiempo, pues recién hace 11 años atrás el Estado empezó a mostrar preocupación por la situación de calle al implementar un programa piloto llamado Calle Chile Solidario –que era una adaptación del programa Chile Solidario para este segmento–, y ha crecido el presupuesto disponible de 1.000 millones iniciales a casi 9.000 millones de pesos en la actualidad, la política pública implementada en este tiempo se ha dedicado a administrar el problema y no resolverlo. Si se despejan aquellas poblaciones que debieran ser atendidas sectorialmente queda un colectivo relativamente pequeño, abordable, que está caracterizado y tiene recursos disponibles, pero falta decisión y voluntad política para abordar la situación de calle en toda su complejidad”. Por último, consultado acerca de la adopción de un enfoque de derechos para el abordaje de la situación de calle, Román manifiesta: “hay muchos desafíos cómo mejorar la labor postpenitenciaria para que las personas tengan donde ir cuando salen de la cárcel, cambiar normativas o generarlas cuando no las hay, definir las responsabilidad del Estado y todos los actores involucrados, pero bien de fondo está la adopción de un enfoque de derechos. Es necesario que se entienda que las personas en situación de calle tienen derechos y que su problema se resuelve desde ese enfoque, pues la solidaridad y la caridad no se ajustan ni son suficientes”.

A partir de la información disponible, es posible señalar que la preocupación del Estado respecto de las personas en situación de calle es reciente, sus esfuerzos programáticos específicos son acotados, y a pesar de que la Política Nacional establece cuatro ámbitos de acción, los siete objetivos específicos comprometidos para el período 2015-2021 se relacionan mayoritariamente con los ejes de prevención de la situación de calle y protección de las personas en esta circunstancia. En este sentido se observan menores esfuerzos para la generación de información oficial que, como ha dicho el INDH sostenidamente, es de especial relevancia para contar con antecedentes suficientes (periódicos, de orden cualitativo y cuantitativo, que den cuenta de la magnitud y dinámica del problema) y tomar buenas decisiones de política pública.

Además, desde una perspectiva de derechos humanos, llama la atención que –siendo un segmento de la población que experimenta una situación de especial fragilidad– los recursos fiscales se destinen mayoritariamente a aquellas intervenciones que son más esporádicas (como la habilitación de albergues para que pernocten en época de invierno) o que son de bajo impacto para su ejercicio de derechos y se relacionen, más bien, con una entrega asistencial de alimentos o servicios básicos. Esto último es reconocido por la misma entidad pública a cargo, la que señala que “aún se requiere mejorar procedimientos, estándares y modelos de intervención de los programas Calle y Noche Digna, para que estén acordes a un enfoque de derechos” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014a, pág. 48).

POBREZA Y DERECHOS HUMANOS

  • Se recomienda al Poder Ejecutivo profundizar en el enfoque necesario para que el concepto de pobreza y su erradicación sean acordes al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los Principios Rectores sobre pobreza extrema y derechos humanos, y contribuyan así a materializar el derecho a una vida digna y alcanzar niveles adecuados de vida para toda la población.
  • Se recomienda al Poder Ejecutivo ampliar la medición de pobreza multidimensional a otros ámbitos relevantes desde los derechos humanos, así como adecuar los instrumentos utilizados para la asignación de prestaciones sociales bajo estos mismos parámetros.
  • Se insta al Poder Ejecutivo a producir información sobre los niveles de pobreza y pobreza extrema, desagregada a nivel local.
  • Se reitera la recomendación a los poderes colegisladores en orden a ratificar y aprobar el Protocolo de San Salvador, aún pendiente.
  • En relación con las personas en situación de calle, se insta al Poder Ejecutivo a aumentar y mejorar la oferta pública en su favor, considerando integralmente las necesidades y particularidades de esta población, garantizando la coordinación intersectorial y la adopción del enfoque de derechos en las políticas públicas.
  • En relación con la superación de la situación de pobreza y pobreza extrema de los pueblos indígenas se recomienda el diseño y financiamiento –en consulta con los pueblos indígenas– de programas específicos para su superación, en particular en comunidades rurales. También se reitera la recomendación a los poderes colegisladores en orden a reconocer su existencia y sus derechos a nivel constitucional, así como se recomienda el establecimiento de mecanismos institucionales de participación y representación indígena, y la disponibilidad de un financiamiento adecuado para dar solución al tema territorial.

 

Anexo: